Seguridad alimentaria en la agenda política mundial

Informe Panorama del hambre en América Latina y el Caribe
2008. FAO

El año 2015 marcará un momento histórico en el que se evaluarán los progresos hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y la Cumbre del Milenio del año 2000: reducir a la mitad el número y proporción, respectivamente, de personas que padecen hambre alrededor del mundo.
.

El documento ofrece un panorama de la situación del hambre y la pobreza en ALC, una de las principales regiones productoras de alimentos, abundante en recursos humanos, naturales y financieros, pero al mismo tiempo marcada por una gran desigualdad en la distribución de los mismos. Adicionalmente, busca entregar una visión resumida de las acciones que gobiernos y sociedad civil han emprendido, así como de los retos que se avecinan para el cumplimiento de uno de los derechos más básicos: vivir sin hambre.

El alza en los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos, ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas alrededor del mundo. Se estima que el reciente fenómeno de escalada de precios podría conducir a más de 100 millones de personas a la indigencia en los países de bajos ingresos (World Bank, 2008a) e incrementar entre 75 y más de 130 millones el número de personas en inseguridad alimentaria, principalmente en África Subsahariana (FAO, 2008a; Rosen et al., 2008).

Reflexiones
Si bien América Latina y el Caribe ha avanzado en la lucha contra el hambre, debe reconocerse que aún quedan esfuerzos por realizarse para alcanzar las metas fijadas en la Cumbre Mundial de la Alimentación y en la Cumbre del Milenio. En este marco, las políticas y programas destinados al combate al hambre y la pobreza en la Región debiesen además considerar especial énfasis en grupos vulnerables como los indígenas y afro-descendientes.
Adicionalmente, existen claras muestras de que gobiernos, sociedad civil, congresos y jueces trabajan activamente para afianzar el derecho a la alimentación y la institucionalidad nacional de seguridad alimentaria, y con ello lograr que el combate al hambre sea un verdadero asunto de Estado y no sólo la voluntad aislada y temporal del gobierno de turno de un país. En este sentido, se debe crear jurisprudencia respecto al derecho a la alimentación, así como la intensificación de la formación de los jueces y procuradurías de los derechos humanos. De la consolidación de estos marcos legales dependerá que se afiance una institucionalidad capaz de dar continuidad y soporte a las políticas implementadas para eliminar el hambre.
Fuente: Página Oficial de la FAO/ONU.